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Notas sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre trabajadores contratados en el sector público

El 6 de abril de 2010 la CSJN dictó dos fallos referidos a la situación de los trabajadores contratados en el sector público (casos “Sánchez c. Auditoría General de la Nación” y “Ramos c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa)”). La información consignada en los medios masivos de comunicación los presentó como un avance en la protección de los derechos de los trabajadores contratados, y la propia agencia de noticias de la CSJN tituló la noticia de la
siguiente manera: “La Corte consagra la estabilidad laboral para empleados públicos contratados”.

Sin embargo, una lectura atenta de estas sentencias permite afirmar que dicha información es errónea y que la jurisprudencia sentada por la Corte constituye un retroceso en materia de la tutela judicial de los derechos de los trabajadores.
En primer lugar, la mayoría de los miembros de la Corte rechazó explícitamente que los trabajadores contratados del sector público puedan reclamar su reincorporación luego de ser despedidos, en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que reconoce la
estabilidad de los empleados públicos.
La discusión en ambos casos se acotó a establecer si un trabajador del sector público, vinculado con su empleador por un contrato que se renueva periódicamente a lo largo de los años, tiene derecho a percibir una indemnización ante la falta de renovación de dicho contrato. En el caso “Ramos” la Corte hizo lugar a la demanda y estableció el derecho a percibir una indemnización ante la falta de renovación del contrato. Por el contrario, en el caso “Sánchez” la Corte rechazó la demanda y estableció que el trabajador no tenía derecho a percibir una indemnización. Si bien los medios masivos hicieron hincapié en la doctrina
emanada del fallo “Ramos”, existen fundadas razones para sostener que la regla general ha sido establecida por la Corte en el caso “Sánchez”, mientras que “Ramos” constituye una excepción a dicha regla general fundada en el particular encuadre jurídico que sustentaba su contrato1.
A continuación describimos las circunstancias de hecho y las razones esgrimidas por la Corte para resolver en ambos fallos, con el fin de aportar elementos de análisis para los compañeros de la CTA referidos a los alcances de esta jurisprudencia de la CSJN.
Los hechos en ambos casos eran sustancialmente análogos. El Sr. Sánchez se había desempeñado en la Auditoría General de la Nación durante ocho años, a través de contratos que se renovaban periódicamente, y desarrollaba tareas típicas de la actividad de la AGN. Por su parte, el Sr. Ramos se había desempeñado en la Armada Argentina durante veintiún años, también a través de contratos renovados periódicamente, y desarrollando tareas de investigación y desarrollo para las Fuerzas Armadas.
Por el contrario, el encuadre jurídico de ambos contratos era distinto. El contrato de “Sánchez” se enmarcaba dentro de las disposiciones del decreto 92/95, que había regulado el Régimen de Contrataciones de Personal de la Administración Pública Nacional, y que establecía un amplio margen para que el Estado recurriese a este tipo de instrumento sin mayores limitaciones. Por su parte, el contrato de “Ramos” se encuadraba en una figura mucho más específica -el Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas- regulada por el decreto 4381/73, que autorizaba este tipo de contratos pero
limitaba su renovación a un máximo de cinco años.

Este distinto encuadre jurídico fue utilizado por la Corte para fallar a favor de “Ramos” y en contra de “Sánchez”.
En efecto, en el caso “Ramos” la Corte sostuvo que había existido una desviación de poder por parte del Estado Nacional, ya que sólo podía renovar el contrato del trabajador por un máximo de cinco años. Ante la superación de este máximo legal, la Corte señala que el trabajador tuvo una “legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el ‘despido arbitrario’”. En efecto, la renovación del contrato más allá del plazo establecido en la reglamentación es calificada por la Corte como una conducta ilegítima, que genera responsabilidad del Estado frente a Ramos, y que justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio.
Por el contrario, en “Sánchez” la Corte reafirmó que la tutela contra el despido arbitrario solo puede ser alegada cuando existe una desviación de poder por parte del Estado Nacional, pero redujo los alcances del concepto “desviación de poder” al incumplimiento de la legislación sobre contratación de personal. De esta manera, mientras en “Ramos” había existido tal desviación por la renovación del contrato más allá de los plazos establecidos en el decreto reglamentario, en “Sánchez” no habría existido tal desviación, por cuanto la reglamentación no establecía límites a la renovación periódica ni a la realización de tareas propias de la actividad de la dependencia donde desarrollaba sus tareas el trabajador.

El voto mayoritario de la Corte en “Sánchez” no analizó si la legislación que habilita los contratos en la administración pública, y su renovación permanente, es compatible o no con la Constitución Nacional, por lo que le otorgó al Estado un amplio margen de maniobra para recurrir a este tipo de contratos, que podrían renovarse eternamente con el sólo requisito de que ello no estuviera prohibido en la reglamentación del régimen de contrataciones de personal. Por el contrario, el voto de la minoría sostuvo que este tipo de contratos sólo pueden justificarse en situaciones excepcionales, para la realización de tareas extraordinarias y por un
plazo limitado.
De esta manera, la Corte no cuestionó que el Estado recurra a este tipo de contrataciones, ni que ellas sean contrarias a las garantías constitucionales previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y sostuvo como principio general que el trabajador no tiene derecho a percibir una indemnización si el contrato no es renovado por el empleador (doctrina del fallo “Sánchez”). Excepcionalmente, expresó que dicha indemnización puede ser procedente si existe una desviación de poder, constituida por el incumplimiento de la regulación sobre contratación de personal de la administración pública (doctrina del fallo “Ramos”). Es decir,
solo procede la indemnización si la Administración Pública no se ajusta, en la contratación de personal, a las reglas que ella misma fija, independientemente de que dichas reglas sean compatibles o no con la Constitución Nacional.

En el caso “Ramos” la Corte avanzó más allá, y rechazó toda posibilidad de consagrar la estabilidad de los trabajadores contratados cuando dichos contratos se renuevan aún por plazos muy largos (recordemos que se trataba de un trabajador cuyo contrato se renovó por más de veintiún años). Al respecto, la Corte expresó que “la solución propuesta [el pago de una indemnización] no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo” (el resaltado es propio).
Para rechazar la posibilidad de reclamar la reincorporación en el puesto de trabajo, cuyo sustento, recordamos, se deriva del texto expreso del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Corte recurrió a argumentos de índole económica. Expresamente sostuvo que “si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa (…) se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente”. Es decir, que según la argumentación de la Corte razones de índole presupuestaria priman por sobre los derechos laborales reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. En este aspecto, los argumentos plasmados en el voto mayoritario de la Corte en los casos “Sánchez” y “Ramos” no se distinguen, en lo sustancial, de aquellos que
proliferaban en las sentencias dictadas por la Corte en los años ‘90 en materia de derechos sociales.

Finalmente, cabe destacar que tanto en “Sánchez” como en “Ramos” la Corte se ha preocupado por deslaboralizar el vínculo que une a los trabajadores contratados con el Estado Nacional, independientemente de las tareas que aquellos realicen y del período por el cual se prolonguen. La contradicción de la doctrina sentada por la Corte en estos fallos con sus propios precedentes es tal que, de acuerdo con la propia Corte, mientras el trabajador del sector privado es “sujeto de preferente tutela constitucional” (doctrina del caso “Vizzoti”) y el trabajador de planta permanente del sector público posee estabilidad absoluta (doctrina del
caso “Madorrán”), el trabajador contratado del sector público es un “no trabajador” (doctrina de los casos “Sánchez” y “Ramos”).
Las proyecciones de este fallo van mucho más allá de la situación de los trabajadores contratados en la administración pública, y deben ser consideradas con una señal de alerta al menos en dos aspectos puntuales.
Por un lado, en estos fallos la Corte se ha apartado de la doctrina que ella misma había desarrollado en materia de primacía del bloque de constitucionalidad (conformado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos) por sobre la norma local, y que sustentó gran parte de los avances jurisprudenciales en materia de derechos sociales2. El retroceso que implica el voto mayoritario de la Corte queda en evidencia con sólo leer la disidencia de tres jueces en el caso “Sánchez” y el voto concurrente de estos mismos jueces en el caso “Ramos”, que en ambos casos dan preeminencia a las disposiciones
constitucionales por sobre la reglamentación interna de la contratación de personal en la Administración Pública. De esta manera, el voto mayoritario le reconoce al

Estado un gran margen de discrecionalidad en la regulación de la contratación de trabajadores, virtualmente exento del análisis de constitucionalidad.
Por otra parte, las sentencias de la Corte pueden estar preanunciando una postura restrictiva de la Corte en términos de reconocer el derecho a la estabilidad de los trabajadores despedidos en forma discriminatoria. En este sentido, la Corte parece estar señalando que no es factible solicitar la reincorporación en el puesto de trabajo cuando dicha herramienta no está prevista en la regulación específica de la relación laboral en cuestión, sin considerar otras disposiciones jurídicas de carácter general o incluso el propio texto de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. De llevar este argumento al extremo la Corte podría argumentar que no corresponde la reinstalación de trabajadores despedidos por motivos discriminatorios, ya que dicha posibilidad (la reinstalación en el lugar de trabajo) no está prevista en la regulación específica del contrato de trabajo (ley 20.744), sin que pueda aplicarse una norma de carácter general como la ley de prohibición de la discriminación (ley 23.592), o incluso el principio genérico en materia discriminatoria que prescribe que la solución preferente debe ser la restitución de las cosas al estado previo al acto discriminatorio, que se lograría con la reinstalación, y sólo cuando ello no fuera posible podría recurrirse a una reparación monetaria. Esta discusión aún no ha sido resuelta por la Corte3, y la doctrina que siente en tal sentido será clave para la evolución de los reclamos por la reinstalación de trabajadores despedidos por la patronal por motivos antisindicales. En tal sentido, si bien se trata de una disputa no saldada en términos jurisprudenciales por la Corte, los fallos “Sánchez” y “Ramos” constituyen un llamado de atención. Por un lado, es posible que estemos frente a un cambio en la tendencia de la Corte, dirigido a poner un freno en materia de reconocimiento progresivo de los derechos sociales. Por el otro, es deseable que la Corte retome el camino garantista iniciado en “Vizzoti”, reafirmando el reconocimiento del trabajador como “sujeto de preferente tutela constitucional”. La doctrina que fije en materia de reinstalación de trabajadores despedidos como consecuencia de su actividad sindical constituirá, por ello mismo, un momento propio para definir la potencialidad de la Corte en materia de tutela de derechos constitucionales.
Será la Corte, en definitiva, la que se encargue de confirmar si la doctrina de “Sánchez” y “Ramos” constituye una restauración del paradigma del “Estado de no derecho”, o si tan solo se trató de una brisa noventista, que necesariamente deberá ser superada por una reafirmación contundente de la supremacía del bloque de constitucionalidad y de los derechos humanos.