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A 15 años del Argentinazo que marcó a nuestro pueblo

  Con la presencia de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos —ATE— la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Entre Ríos —CTA-A— la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Movimiento Evita, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y Partido Socialista Autentico se realizó  un emotivo acto en el 15 aniversario del Argentinazo de diciembre del 2001 donde se homenajeo a las víctimas de la represión en Paraná. Con un minuto de silencio se rindió un sentido homenaje por nuestro querido Pocho Lepratti, Eloisa Paniagua, Romina Iturain, José Daniel Rodríguez. 

 

A QUINCE AÑOS DEL ARGENTINAZO

 

      El documento al que se dio lectura expresa: “Otra vez y especialmente éste 20 de diciembre, a quince años de aquellos acontecimientos que ya forman parte de la historia reciente, volvemos a recordar esas jornadas y, en ellas,  a nuestros más de 30 asesinados en todo el país, principalmente al compañero militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodríguez,  a las casi niñas Romina Iturain y Eloísa Paniagua y al comprovinciano delgado de la ATE y militante social Pocho Lepratti caído en Rosario.

 

       No es casualidad, casi todos eran jóvenes que estaban en la mejor de las edades, y  hoy son nuestros mártires que homenajeamos en el recuerdo.

 

      Pero este homenaje, en este especial aniversario, nos reafirma en la convicción de que ellos continúan siendo  los faros que iluminan las causas populares, junto a otros miles de caídos con los que se forma la historia dura y sufrida de los pueblos, que nos empujan a  mantener las banderas de los ideales en alto para continuar la lucha individual y colectiva por las necesidades populares.

 

      Es lamentable pero estas muertes, que evidentemente no importan a los poderosos,  casi todas  están impunes o solo hay condenas en general insignificantes en los eslabones menores de la cadena de mando policial. De los responsables políticos ni hablar, la mayoría ni siquiera  fueron juzgados como ocurrió en Entre Ríos con el que entonces fuera Gobernador,  su Ministro  de Gobierno y su Jefe de Policía, estamos hablando de Sergio Montiel, Enrique Carbó y Victoriano Ojeda.

 

     Aquellas jornadas de diciembre de 2.001 han dejado en la memoria colectiva enseñanzas que están gravadas a fuego, que no se nos olvidan y que nos habla del valor de la organización y la lucha, podemos decir sin temor a equivocarnos que fue la primera vez en la historia de la patria que un gobierno  es sacado debido a la  movilización popular, por ajustador, entreguista y hambreador.

 

      Vimos en esos días hechos valerosos del conjunto, dando batalla a la represión y enfrentando sin dudas el estado de sitio dispuesto por De la Rúa y que pretendían aplicar las fuerzas federales y provinciales.

 

     Y, tan grande es la enseñanza y tan grande es la memoria, que en la conciencia colectiva de los argentinos existe la convicción de que hay cosas de las que no se pueden volver y que, aún cuando esté por delante la fuerza física de la represión estatal, sus leyes y reglamentos, no existen vallas que contengan la marea del accionar colectivo.

 

      Si bien podemos afirmar que a nivel nacional faltó un centro coordinador que coronara lo que el pueblo con sus organizaciones gestaba por abajo, debemos resaltar que aquí la Multisectorial en Defensa de Entre Ríos y su Pueblo, a la que se integraron más de 60 instituciones cumplió un papel preponderante, inclusive con un avanzado y completo programa que nos debe servir de ejemplo

 

    Es cierto, desde entonces los procesos fueron de avance relativo y en algunos casos de retroceso, de desarrollos amañados y condicionamientos donde no se cambiaron las causas estructurales de fondo. Si bien miles de millones de pesos fueron volcados a los sectores populares, se mantuvo sin variantes esenciales el esquema principal de la dependencia, entre ellas el modelo impositivo y la distribución fiscal, el encadenamiento a la deuda externa y los pactos fiscales de MENEM-CAVALLO, vigentes aún. Este esquema y otros elementos, como la extrema precariedad de las plantas de personal del Estado nacional en que las dejó la presidencia de Cristina Kirchner facilitó al gobierno macrista el despido de trabajadores por miles, que si no fueron más es porque salieron a la lucha  a través de sus organizaciones de base, especialmente la Asociación Trabajadores del Estado. También pesa como una amenaza real la posibilidad de  encuadre de las luchas populares bajo las figuras de la ley antiterrorista sancionada bajo el gobierno anterior a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional, bajo la tutela del gobierno de los EEUU.

 

      Este 2.016 nos encuentra en una nueva e inédita situación con un gobierno que, avanzando sobre las limitaciones y claudicaciones del proceso anterior, se posiciona sobre causas escandalosas, reales o imaginarias, de corrupción adosadas al kirchnerismo, que son magnificadas publicitariamente como las razones esenciales de los males actuales para, desde allí, justificar y establecer un rumbo de sufrimiento de las clases populares y de entrega nacional.

 

      No podemos dejar de mencionar las consecuencias graves que produce sobre amplios sectores  las medidas tomadas por el gobierno de Macri. Así nos encontramos que a un año de su presidencia la desocupación, según las propias cifras oficiales, se encuentra cercana al 10%, lo cual implica que solo en lo que va de este año casi 700 mil trabajadores se quedaron sin empleo producto de los despidos en el Estado, la disminución de la actividad económica y la apertura de importaciones contra las que la industria nacional no puede mantenerse. La inflación interanual se ubica cercana al 40% y los niveles de pobreza se dispararon de un 27,4% al 32,2%. El 45,5% del total de trabajadores no alcanza a llegar ni siquiera al mísero mínimo, vital y móvil. Todo ello en un modelo, como contrapartida, de transferencia de recursos gigantescos a los sectores más concentrados de la economía y de crecimiento de la deuda externa en por lo menos 45 mil millones de dólares, llegando a más del 50% del PBI. En tanto se sigue permitiendo las ganancias fabulosas de la renta financiera y del juego que no tributan o tributan en menor medida de lo que correspondería hacerlo.

 

      Vemos además que peligrosamente se reafirma un rumbo de subordinación financiera, económica y política sobre los Estados provinciales, que los gobernadores no quieren, no pueden o no saben resistir, lo que los hace aún más dependientes del Estado Nacional para fijar sus propias políticas con la autonomía propia de un Estado Federal.

 

     Sin embargo el valor de la unidad para luchar por las causas del pueblo en estos días ha vuelto a dar resultados concretos. La reciente sanción de la Ley de Emergencia Social es la evidencia palpable del logro de esa unidad. Unidad que se dio a partir del núcleo de lo que hoy se conoce con el nombre de las “organizaciones sociales”, integradas centralmente por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y el Movimiento Evita,  y que fue contagiando  a decenas de instituciones populares, y a miles de trabajadores desocupados que entendieron que debían salir a luchar colectivamente por el derecho al trabajo y por condiciones de vida digna. Así, esta ley que acaba de ser sancionada, compromete al Estado nacional a volcar recursos por hasta 30 mil millones de pesos para “garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional” según ella misma dice, con control y participación popular a través del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario.

 

      No es poca cosa compañeros lo que se ha logrado, pero estamos lejos de lo necesario porque sabemos del rumbo entreguista y antipopular, por sufrirlo, que en esencia representa este gobierno plagado de gerentes de empresas multinacionales. Esta ley que acaba de ser sancionada es producto de la unidad y de comprender su necesidad y de una base que facilita esa comprensión. Base que se encuentra justamente en las jornadas que hoy estamos recordando y, en ellas, homenajeando a nuestros muertos con sus asesinatos  aún impunes. Nuestros muertos que viven en la memoria colectiva y que nos guían  en cada paso, en cada lucha en común por las causas del pueblo.

 

      Por eso además de apelar a la necesaria construcción de una amplia unidad de las organizaciones populares, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables y ejecutores de los asesinatos de nuestros compañeros y familiares, no los olvidamos y siempre estarán presentes