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ATE y la CTA Autónoma apoyan la sanción de la nueva Ley de Alquileres

  Dirigentes de ATE y de la CTA Autónoma de Entre Ríos se reunieron con Gervasio Muñoz, referente del Frente de Inquilinos Nacional, para articular acciones que permitan tratar la sanción de la Ley que regulará los alquileres antes de fin de año.

   El Frente de Inquilinos Nacional articula el trabajo con sindicatos para promover la unidad de los trabajadores ante el lobby de la Cámara Inmobiliaria y los Colegios de Corredores que buscan frenar el tratamiento en el hemiciclo del proyecto de Ley que reformará el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los alquileres no duren menos de tres años y los aumentos sean en base a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), contó Gervasio Muñoz, referente de la organización.

   El tema de alquileres “es difícil de tratar en el Congreso, ya que el negocio inmobiliario no tiene ideología, por lo que hay muchos intereses y está muy difícil la discusión en el reciento” de la Cámara Baja, dijo Muñoz, quien aclaró que no es imposible la sanción definitiva, ya que destacó que en el Senado “se aprobó por unanimidad, después de un trabajo muy grande que se hizo, donde se acordó la votación del proyecto porque baja la inflación, ya que ingresa en el salario como variante y con eso la formación de precios”.

   El objetivo del Frente “es reconocer un sector enorme de la sociedad que tiene la forma de acceder a la vivienda con alquiler y que no es sujeto de derecho, es decir, no está reconocido por nadie y es muy vulnerable, por lo que sufre los abusos del mercado inmobiliario de forma despiadada”, explicó el referente. Actualmente “en el país hay más de 5 millones de personas las que alquilan y este cuadro aumenta anualmente”, detalló y remarcó que ante este escenario “es necesario que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario para que sea más justo”.

   También, se apuesta a regular la relación entre el inquilino y la inmobiliaria, “por lo que se haría de orden público el arreglo de la vivienda”, ya que si bien el Código Civil dice que el dueño de la propiedad es quien debe asumir los costos del arreglo, al no ser de orden público, las inmobiliarias hacen renunciar a ese derecho.

   Asimismo se busca establecer 60 días para la negociación entre el inquilino y el propietario; “para saber si se renovará o no el contrato, para que quien alquila pueda salir a buscar con dos meses de anticipación una vivienda (si se debe cambiar)”, ya que explicó que cuando los tiempos son muy reducidos “se generan situaciones de abuso por parte de las inmobiliarias”.

   En ese marco, se logró la media sanción del proyecto por el que se pretende extender los plazos de los contratos para vivienda. La propuesta es una modificación al Código Civil “por el que el plazo del alquiler para vivienda se prolongue de dos a no menos de tres años, como mínimo y que los aumentos de los alquileres no puedan superar los índices de inflación que publica el INDEC de forma anual, ya que hoy son semestrales y los fija el mercado de forma deliberada”, precisó.

  Sin embargo, el dirigente apuntó que en Diputados, la Cámara Inmobiliaria y todos los Colegios de Corredores inmobiliarios del país comenzaron a presionar para que esto no salga: “Cuando los empresarios y la clase política se dieron cuenta que esta iniciativa va en serio comenzó un lobby muy grande para que no salga y la forma de que esto se apruebe es organizando a todos los inquilinos del país, que trascienda la coyuntura”.

   Ante ese escenario, aseguró: “Hay que comenzar a pensar otra lógica para solucionar el tema de la vivienda y no solamente el crédito hipotecario”, por lo que desde el Frente comenzaron a vincularse con sindicatos, ya que es un tema que impacta fuertemente sobre los trabajadores.

   Precisamente, en Entre Ríos se reunieron con referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y de la CTA Autónoma, para promover alianzas estratégicas que defiendan a los trabajadores y generar un gran movimiento que permita tratar el proyecto antes del próximo año, ya que si no se logra perderá estado parlamentario, por lo que la intención “es que después de octubre se vote en la Cámara Baja del Parlamento”.